Por Alejandro Marchionna Faré

Acostumbrado al accionar de este gobierno y sus antecesores ideológicos, el atribulado pasajero de la línea 102 ya no sale a la calle sin su Constitución Nacional de 1994… y algunos complementos igualmente necesarios.

La libertad de comercio.

“El derecho argentino tutela tanto la libertad de contratar, que es un aspecto de la autonomía personal, como la de configurar el contenido del contrato, que es un supuesto del derecho a ejercer industria lícita. Esta formulación es consistente con la clásica jurisprudencia de esta Corte, canónicamente enunciada en el precedente «Bourdieu», según la cual el artículo 17 de la Constitución Nacional protege «todos los intereses apreciables que un hombre puede poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad» y que «(t)odo derecho que tenga un valor reconocido como tal por la ley, sea que se origine en las relaciones de derecho privado sea que nazca de actos administrativos (derechos subjetivos privados o públicos) integra el concepto constitucional de «propiedad» “. Fuente: página web de la SAIJ.

En castellano, los individuos y las empresas tenemos el derecho de ejercer nuestra libertad de emprender según nuestro propio criterio en la medida en que no avasallemos derechos de otras personas y/o empresas.

La defensa del Consumidor.

La ley 24240 instala el concepto de defensa del consumidor en el juego de los actores económicos del país. Evidentemente toma el punto de vista de defensa del más débil en la relación entre la empresa vendedora y el individuo consumidor. Pero esto sólo busca regular la relación entre ambos y de ninguna manera representa un intento de manejar ni la economía ni las decisiones de la empresa privada, que sigue teniendo la garantía constitucional de la libertad en el ejercicio del comercio.

La defensa de la Competencia.

La ley 27442 articula el régimen de defensa de la lealtad comercial y por lo tanto de la transparencia de la competencia en la economía argentina. Esta ley busca asegurarse de que un jugador dominante no abuse de su posición relativa para distorsionar el grado de competencia en el mercado. También de que no haya prácticas desleales de cualquier competidor hacia los demás. Pero nuevamente la legislación se caracteriza como un código de tránsito y sólo permite ejercer el rol de policía sobre aquellas decisiones que constituyen distorsiones sobre la libre y justa competencia entre empresas. Más allá de corregir las prácticas non sanctas, no pretende sustituir a la dirección ni su lógica en la gestión de las empresas por más equivocadas que estén sus prácticas.

Intromisión en la matriz de costos y de stocks de empresas privadas.

Afecto a las siglas de corte marketinero Nac&Pop, ayer el Boletín Oficial introdujo al país a la existencia del SIPRE (Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Ecónomica). Sigue a varias reuniones de trabajo para concertar un acuerdo de precios y salarios en las que nunca se mencionó el nuevo Excel.

Regirá en principio para las 1000 empresas más grandes. Los empresarios interpretan correctamente que se trata de un nuevo requisito burocrático (en marzo hay que responder al “Censo” impulsado por la AFIP…), sin que se piense en la capacidad de las empresas para enfrentar un pedido tras otro, la utilidad de la información generada y del impacto sobre la capacidad de maniobra para los problemas de la realidad que esto genera en las empresas.

De más está decir que la Secretaría de Comercio no resolverá el problema de la inflación con esta data, si es que llega a procesarla en tiempo y forma. No sería el primer caso en que la información pedida va a un oscuro agujero negro…

El Excel y el comunismo – según el profeta Axel.

“Se atribuye a Axel Kicillof haber dicho que la planificación centralizada al estilo soviético no habría fracasado si se hubiera contado entonces con las poderosas herramientas que hoy permiten procesar rápidamente enormes cantidades de información, cuya máxima expresión en el mundo de los economistas es el programa Excel.

Capaz que no lo dijo así, pero sí se recuerda la oceánica planilla Excel que Kicillof les envió a las petroleras en septiembre de 2012 para que la llenaran, de modo que él pudiera definir cuánto y cómo debían invertir, producir y ganar.

En ese momento, el crudo Brent en Londres valía 108 dólares. Y allí fue Kicillof, dispuesto a revertir –sobre esos precios que tornaban viable explotar el shale gas de Neuquén– anteriores desventuras regulatorias que habían dejado al país sin autoabastecimiento energético.

Ayer, el Brent valía 49,6, descendiendo a un abismo de precios que ni Kicillof ni los mejores analistas del mundo preveían hasta hace unos meses. La caída del crudo se llevó puesta, entre otras cosas, la panacea de Vaca Muerta, al menos hasta nuevo aviso.

La “planificación” ya había perpetrado múltiples errores similares. El asombroso triplete de haber reducido el rodeo, hundido la exportación de carne y encarecido las costeletas es sólo un caso notorio.

Evidentemente, con el Excel no alcanza. Hay algo en las economías modernas –que no pretenden suplantar la planificación de millones de productores y consumidores– que las distingue de las sociedades en que un Gran Hermano pretende monopolizar el Gran Plan.”

Textual del artículo de Adrián Simioni, en lavoz.com.ar, del jueves 8 de enero de 2015. El enfoque antediluviano de Axel sigue vivo y coleando en el Ministerio de Economía 6 años después. ¿No habrá forma de aprender de los errores del pasado?

Qué es legítimo preguntarle a una empresa privada.

No es muy frecuente que entre los funcionarios públicos (y menos aún si son funcionarios políticos) haya microeconomistas con práctica concreta en las empresas. La experiencia en el contacto es que los interlocutores en el Estado sólo ven números sin entender los fundamentos de la lógica del sector privado más allá de los números.

No existe en el ordenamiento jurídico del país ni en la concepción de fondo del gobierno de las decisiones del Estado un rol para que funcionarios públicos sustituyan a los directores de las empresas en la toma de decisiones empresarias…

Las preguntas que hay que hacerles a las empresas privadas deben estar más orientadas a si existe un abuso sistemático de sus consumidores; si se abusan de una posición dominante de mercado; si se usan prácticas que dañan los intereses de otros competidores; si se están evadiendo impuestos o usando montos retenidos para invertir ilegalmente en otras empresas…

Nadie gana en el sector privado si el país tiene niveles elevados de inflación. Se podría decir que en general las devaluaciones y las grandes inflaciones han beneficiado al Estado que han podido licuar sus deudas, el flujo financiero negativo de pago de sus obligaciones en bonos y préstamos, y el tamaño relativo del gasto público respecto de la economía nacional… 

Cuándo vamos a darle libertad y seguridad jurídica a las empresas.

La historia económica de Argentina y una observación de fallos judiciales y noticias periodísticas permiten decir que en el país rigió la libertad de comercio con una razonable seguridad jurídica para las empresas hasta mediados de la década de 1940.

Intervalos espasmódicos desde entonces han puntuado la deriva hacia el control y la intervención estatal en las decisiones de las empresas. Pero la deriva está y hoy volvemos a verla en acción. Si le resultó difícil a la administración Macri concretar la ola de inversiones que prometía siempre para “el segundo semestre” con una intención manifiesta de no intervenir innecesariamente en las decisiones privadas, qué puede imaginar el presidente Fernández que será el resultado de los centrífugos intentos regulatorios de su administración…

En el cruce de caminos de 2021

Privilegiar la fiesta del consumo por parte del Gobierno en lugar de favorecer una economía de inversión y exportación; es decir, enfocar la gobernanza del sector privado hacia objetivos sólidos y entendibles es una prioridad que todavía no ha entendido el populismo argentino. Nos llevará a continuar perdiendo posiciones en la región y en el mundo cuando empresas argentinas o de cualquier otra nacionalidad tengan que tomar decisiones de inversión.

No sea cosa de que al despertarnos un día, la Secretaría de Comercio pretenda desplazar al Directorio de nuestra empresa en la toma de decisiones ordinarias. Ya será tarde…