Por Alejandro Marchionna Faré
La gran pregunta que se hace el mundo empresario
El actual Gobierno lleva dieciocho meses de existencia y de las dudas sobre su actitud hacia el sector privado ha pasado a adoptar una posición dura y recaudatoria frente a la empresa y sus propietarios.
De pronto explota en los titulares la crisis de IMPSA y la solución que diseñaron el Gobierno nacional y el de la provincia de Mendoza. Pero en paralelo están sin resolver las crisis generadas por la pandemia actual de cientos de empresas de todo tipo y tamaño.
¿La estatización parcial o mayoritaria es el camino de solución de las crisis generadas por esta situación?
El comienzo de la pendiente resbaladiza de IMPSA
Pero esta no es la primera crisis de IMPSA. En 2012 la empresa con sede en Mendoza reestructuró una deuda de 1000 millones de dólares. Enrique Pescarmona, entonces de 74 años, anunció a un acuerdo con sus acreedores que aseguraba la continuidad de Impsa, que había estado en default por más de un año. Resignó en ese momento el 40 por ciento del capital a manos de sus acreedores (bancos como el Nación, Galicia, Hipotecario, bancos internacionales, tenedores de bonos y entidades multilaterales como el BID). Criticó con dureza al gobierno kirchnerista y advirtió que “el ajuste es inevitable”. El CEO seguiría siendo Juan Carlos Fernández, que llevaba más de treinta años en la empresa.
Pescarmona se convirtió en uno de los arrepentidos en la causa de los cuadernos, admitiendo que fue como “pagar un rescate en un secuestro.” Su queja en el momento es que cuando el Estado nacional intervenía en algún proyecto, no se elegía proveedor sobre la base de la tecnología sino por una decisión política.
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El problema se atribuyó a que durante treinta meses no pagó Electrobras un total deuda de US$ 250 millones. Fue la primera crisis en 108 años de existencia que la empresa enfrentó con un buen nivel de trabajo.
“Hace unos años habíamos ganado un proyecto muy grande en Singapur” – señaló Pescarmona en 2012 – “ Y finalmente no nos lo adjudicaron porque éramos argentinos. Nos dijeron que teníamos el mejor precio y la mejor tecnología, pero que no confiaban en una empresa argentina. Cualquier proyecto internacional, con un gobierno que no te ayuda es más complicado”.
El acuerdo de Impsa con sus acreedores constaba de tres etapas. El primero paso fue la cesión del 40 por ciento de las acciones. El excedente de flujo de caja que tuviera la empresa también sería destinado al pago de la deuda hasta la cancelación de todas las obligaciones. Impsa también colocó nueva deuda por US$ 470 millones, en una operación que incluía bonos par y discount, en pesos y en dólares.
Segundo acto
La pandemia del coronavirus ha forzado a reducir la actividad de IMPSA en 2020, reportando una pérdida de USD 1.015 millones. En agosto de 2020 amparándose en su carácter «estratégico», la empresa solicitó un rescate al Gobierno para hacer frente a sus costes operativos y a su deuda de 500 millones de dólares. En 2021 la situación continuó empeorando y se estiman pérdidas por USD 2.400 millones. La empresa ha propuesto un reperfilamiento de su deuda sin quitas de capital. El plan prevé, y según su CEO permitiría, asegurar su viabilidad durante décadas. El plan ha sido avalado por el 98% de los acreedores y fue finalmente homologado en abril de 2021. Para completar el rescate, el Directorio aprobó el pedido de USD 15 millones al Fondep.
El gobierno Nacional y el gobierno de la provincia de Mendoza, capitalizaron a IMPSA con un aporte de USD 20 millones.
Previo a eso, IMPSA tuvo asistencia del gobierno Nacional primero a través del Programa ATP y luego con el “Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos” (PAEERP) del Ministerio de Desarrollo Productivo, con lo que pagó el 75% de los salarios de la empresa.
El Estado nacional inyectó un total de $ 1.362.900.000 al capital de IMPSA, por lo que su participación accionaria pasó a ser del 63,7%, mientras que el Estado provincial aportó $ 454.300.000, quedando con el 21,2% de las acciones. El porcentaje restante (15,1%) permanecerá en manos privadas, correspondiendo un 9,8% de las acciones al fideicomiso de acreedores armado en 2012 y otro 5,3% para el fideicomiso de la familia fundadora.
¿Qué podría pretender el Estado nacional como accionista?
IMPSA es una sociedad anónima regida por la ley 19550. Por lo tanto, los accionistas deberían actuar en la Asamblea para elegir un Directorio de personas competentes, responsables y con espíritu independiente en quien se delega la administración de toda empresa.
Sin embargo, IMPSA es ahora una sociedad anónima cuyo accionista mayoritario es el Estado nacional. La experiencia con sociedades anónimas controladas por el Estado nacional no ha sido buena desde el punto de vista de la buena gobernanza en la mayor parte de los Gobiernos; en el período 2015-2019 hubo esfuerzos importantes desde la Jefatura de Gabinete de Ministros para mejorar el monitoreo de las EPEs.
Pero la realidad es que en todos los Gobiernos, se designa en forma arbitraria y política a los directores de sociedades anónimas ley 19550 en los que participa el Estado ya sea en forma minoritaria, mayoritaria o total. Muy raramente se piensa en las competencias con que cuentan los directores y mucho menos se toma en cuenta la necesidad de su capacitación.
Para colmo de males, se les aplican a dichas sociedades anónimas y a los directores el peso de los controles del sector público (en sus distintos niveles nacional, provincial o municipal).
El peligro radica en que el Estado pretenda controlar a esta EPE con su mayor paquete accionario y dirigirla con objetivos políticos. Lo mejor que podría pasar es que sea manejada con criterios profesionales de negocio, como es el caso de la gran excepción argentina: INVAP.
Algunos ejemplos de otras latitudes
En EE.UU., el presidente Barak Obama inyectó fondos masivamente en grandes empresas para superar la crisis de 2008. Las distintas administraciones se han ido deshaciendo de estos paquetes accionarios en la medida en que el mercado de valores lo ha ido permitiendo y nunca tomó un rol activista ni en la elección de directores ni en la dirección de los negocios de las empresas involucradas.
En Gran Bretaña, el gobierno laborista en efecto nacionalizó Royal Bank of Scotland, entidad con ambiciones globales y sueldos astronómicos. Trece años después y con la mayoría de los años transcurridos bajo gobiernos conservadores, el Banco sigue siendo controlado por el Tesoro británico aunque no ha pasado de aplicarle las regulaciones del Banco de Inglaterra aplicables a todo el mercado financiero del país. Y se está empezando a hablar en el Parlamento y en el gobierno de Boris Johnson de desprenderse de esas acciones.
La aerolínea combinada Air France-KLM estará recibiendo en los próximos meses € 4.000 millones de parte del accionista “Francia” pero no pasará del 30% de su capital accionario. China Eastern Airlines también aportará pero se mantendrá por debajo del 10% del capital. El accionista “Holanda” y Delta Airlines probablemente no aporten a esta nueva reestructuración, que ya se juzga insuficiente para capear los efectos de la todavía no terminada pandemia de Covid-19. Ya en 2020 los dos gobiernos europeos habían contribuido con un total de € 10.400 millones en préstamos y garantías.
No será la única aerolínea europea. El gobierno alemán tomará un paquete del 20% en Lufthansa y el italiano ha vuelto a nacionalizar Alitalia al 100%.
Podemos ver (salvo el caso perdido de Alitalia…) una gran reticencia y limitación del rol del Estado en la gestión y la dirección de estas empresas rescatadas.
¿Qué ocurrirá con IMPSA y su Directorio?
IMPSA será un importante caso testigo sobre cuál será el destino de muchas empresas argentinas de diverso tamaño. Y sobre qué ocurrirá con sus Directorios…
En el término de 10 años, la familia Pescarmona pasó de controlar el 100% del capital a retener sólo el 5% a partir del segundo acto. De los 4 grupos de accionistas, la familia es el que tiene el menor número de acciones. Está claro que el fideicomiso querrá tener representación en el Directorio ya que el origen de sus tenencias accionarias fue operaciones financieras.
El Gobierno nacional, ¿continuará su práctica de colocar hombres y mujeres de partido como directores?; por otra parte, resulta difícil imaginar que el gobierno mendocino no coloque sus propios representantes para asegurar la defensa de los intereses de la provincia de Mendoza, y quizás estén mejor o bien seleccionados e instruidos para participar en un Directorio.
IMPSA habrá pasado de ser una empresa familiar con el dueño como presidente y CEO, a una EPE controlada al 86% por el sector público. El desafío es que no pase a ser manejada con la arbitrariedad y propósito político con que se ha visto en los últimos años manejar ciertas EPEs como Aerolíneas Argentinas.
El Directorio, sin embargo, será formado por una aplastante mayoría de representantes del Estado nacional y de la provincia, con quizás un solo representante de prestamistas e inversores en ONs convertidos en accionistas en una reestructuración que fue claramente insuficiente.
¿Cómo será la relación entre un CEO profesional y muy buen conocedor del negocio y la empresa, con un Directorio que tendrá una mucho mayor conexión con la política?
Situación de las empresas privadas argentinas en 2021
Las empresas privadas argentinas han tenido que sufrir distintos factores en los últimos dos años:
- Restricciones al uso de moneda extranjera.
- Controles de importaciones.
- Reducción del mercado por restricciones de operación (pandemia) y por caída del consumo y la actividad económica (cuarentena).
- Prohibición de despidos y doble indemnización, lo que impide ajustar los costos ante la caída de ventas y márgenes.
- Culpabilización por la inflación y controles amateur de precios en los canales.
- Salida del pacto fiscal de 2017. Mayor presión fiscal.
- Incremento de impuestos a las ganancias.
¿Qué empresa no ha sufrido alteraciones en su balance y en su cuenta de resultados?
¿Se harán realidad las amenazas del comienzo de la pandemia?
La advertencia fue emitida en un acto en Rosario después de la elección de 2011: “Vamos por todo”. Los empresarios más perspicaces y visionarios supieron interpretar el mensaje.
Ya en este gobierno y con la bruma generada por la pandemia del Covid-19, el intento fracasado de controlar Vicentin fue resistido por la sociedad civil y el empresariado como una invasión del derecho al libre comercio y a la propiedad privada que consagra la Constitución Nacional. La clase media despertó al riesgo que podían correr sus aspiraciones de movilidad social que han permitido que a lo largo de las décadas hayan emergido PYMES familiares que se desarrollan y se convierten en grandes empresas nacionales…
Este intento estuvo pregonado por una campaña de cuestionamiento al valor del sector empresario llevado a cabo por algunos grupos que son miembros de la coalición de gobierno sin que fuera desmentido en forma creíble por ninguna figura del Gobierno.
La búsqueda de transferir riqueza y valor se cristalizó en el resistido impuesto a las grandes fortunas. En un comentario en Linkedin hace varios meses, quise puntualizar que Francia sólo consiguió espantar a casi 2 millones de franceses de alto patrimonio que se radicaron en el sur de Inglaterra, en Bélgica, en diversas regiones italianas como el Piamonte y la Toscana. ¿Los inversores argentinos estarán ya buscando propiedades en las Seychelles?
El nuevo aumento en las alícuotas del impuesto a las ganancias como forma de financiar al Estado en 2021 es un nuevo desincentivo para el sector privado a continuar actuando como tal.
Y con este background político, el panorama social y económico ha girado hacia el negro pesimista por obra de la pandemia de Covid-19, la cuarentena eterna que destruyó o dislocó al menos muchos negocios, la desorganización y el amateurismo alrededor de la vacunación masiva.
Un futuro posible o dos para los Directorios de tantas empresas argentinas…
Nos encontramos en una encrucijada para la propiedad y el gobierno de muchas empresas argentinas.
Para sobrevivir muchas empresas deberán reestructurar deudas financieras (con Bancos oficiales o la AFIP por ejemplo). La prolongación de la cuarentena eterna continúa empujando empresas y negocios de todo tipo y tamaño contra la pared. No habrá más remedio que reestructurar sus balances en algún momento.
El empresario/los accionistas aquí tendrán la llave de cómo será el Directorio de su empresa en el futuro. Pueden aceptar la imposición de un número x de directores que hasta podrían ser la mayoría a cambio de mantener el control del negocio en el equipo incumbente.
O pueden negociar no sólo la posibilidad de conservar el control gerencial, sino también disponer de un Directorio formado por profesionales que los ayuden a dirigir la empresa con mayor perspicacia y mejores resultados en el futuro.
Lo que podemos hacer desde el mundo empresario
Hay varias acciones para encarar en estos meses desde el mundo empresario:
- Destacar el valor del empresario para la sociedad en los medios a título individual y a través de asociaciones empresarias, o por el Foro de Convergencia Empresaria.
- Buscar procesos de reestructuración financiera que enfaticen la participación de financiadores multilaterales, privados o semiprivados.
- Introducir la condición del nombramiento de directores profesionales e independientes para las empresas que deban pasar por dichos procesos tanto por parte de los accionistas actuales como de las entidades financieras participantes, como requisito para cerrar la transacción.
- Proponer exenciones impositivas e incluso amnistías impositivas como forma de reducir la carga fiscal sobre empresas que han sido fuertemente afectadas.
- Proponer que se legisle específicamente la gobernanza de las empresas que no tengan más remedio que pasar por reestructuraciones en que estén involucradas distintas instancias del sector público como la propuesta previamente.