Por Alejandro Marchionna Faré
En Argentina hay olvidadas en la transición política: las empresas de participación estatal (EPEs), que por lo general cumplen una función que no resulta atractiva para el capital privado. Involucran fuertes inversiones para su desarrollo y sus productos y servicios son críticos para la sociedad: las EPEs requieren de una visión de largo plazo que sólo puede estar garantizada por una gobernanza seria y un Directorio profesional, una continuidad más allá de los ciclos políticos.
Casi todas las EPEs han tomado el formato de sociedades anónimas (Ley General de Sociedades 19550). La lógica fue dotar a la EPE del dinamismo y la agilidad de una gestión como la del sector privado. Pero esa libertad de acción teórica se ve restringida, en la práctica, por los sistemas del control administrativo del Estado como la AGN, la SIGEN y la ley de administración financiera (a nivel nacional), el H. Tribunal de Cuentas y la Asesoría General de Gobierno (en la provincia de Buenos Aires).
Que las EPEs deban seguir las reglas burocráticas del Estado las aleja de su carácter de sociedad anónima. Se les coloca la carga de funcionario público a directores y gerentes, con el fuerte aumento de riesgos personales que esto representa. Sometidas a procedimientos burocráticos y aprobaciones trabajosas, se pierden oportunidades de beneficiar a los usuarios finales y al fisco vía una optimización de su estructura de capital.
Los Directorios son nombrados con mayor o menor proceso formal-y con mayor o menor consideración por sus antecedentes- por el Ministro de tutela, lo que puede generar órganos altamente politizados: se pueden encontrar fácilmente con los límites -a menudo caprichosos- del juego de la política.
Al llegar la alternancia, se agolpan en las oficinas de la EPE en cuestión, como lobos hambrientos, futuros funcionarios de tutela y sus futuros directores en la empresa. Se ha oído decir que “los muchachos necesitan un trabajo”. El 10 se realiza una apurada Asamblea de Accionistas que cambia el Directorio y escatima la aprobación de la gestión del anterior.
O bien, no se convoca dicha Asamblea pero tampoco se conversa con el Directorio actual respecto de la situación de la EPE y sobre la transición. La EPE atraviesa un limbo que puede durar varios meses, en que gerentes y empleados esperan la orientación general bajo la cual trabajarán en el próximo período.
Los Directorios de las EPEs parecen ser vistos como parte del botín que viene con el control del Estado. La política no termina de aceptar que una buena gobernanza y un buen Directorio maximizan el beneficio que genera una EPE bien gerenciada. El interés social, el interés societario y la sana administración de recursos de propiedad pública -y no de la política- demandan que se corrija cómo se designan directores y cómo se relacionan con los funcionarios de tutela.