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Por Alejandro Marchionna Faré

La ley de sociedades estipula que el Estatuto fije la duración del mandato de los síndicos, el que no puede exceder los tres ejercicios como en el caso de los directores. En forma similar a los directores, los síndicos permanecen en sus cargos hasta ser reemplazados y existe posibilidad de reelección.

Pero la LGS valora la independencia de criterio y de conducta del síndico en el control de la legalidad de los actos sociales. Por eso establece que la revocación de la designación del síndico corresponde a la asamblea de accionistas; y específicamente dispone que la remoción del síndico podrá decidirse sin invocar la causa que lo justifique, siempre que no medie oposición de al menos el 5% del capital social.

Este umbral bajo de apoyo al síndico explicita claramente la voluntad de que dicha posición se convierta además y en forma esencial en el defensor del interés social por encima del interés de uno o muchos accionistas.

Se protege de esta forma al síndico de un intento de desplazarlo sin motivo por parte  de una muy amplia mayoría del capital social. Acota el Dr. Pélaez: “Cuestión distinta es el caso en que la remoción se produce con causa, para lo cual, se resolverá con simple mayoría”.

Para reforzar la posición del síndico, la ley declara nula cualquier cláusula estatutaria o reglamentaria que contraríe las disposiciones del artículo. El legislador muestra su firme determinación de darle al custodio de la legalidad la protección necesaria para que cumpla con el deber de su posición, eventualmente aun en casos en que dicha conducta vaya contra los intereses o la opinión de una muy amplia mayoría de los accionistas, pero que no tengan causas suficientes que justifique su apartamiento.

Plazo.

ARTICULO 287. — El estatuto precisará el término por el cual son elegidos para el cargo, que no puede exceder de tres ejercicios, no obstante, permanecerán en el mismo hasta ser reemplazados. Podrán ser reelegidos.

Revocabilidad.

Su designación es revocable solamente por la asamblea de accionistas, que podrá disponerla sin causa siempre que no medie oposición del cinco por ciento (5 %) del capital social.

Es nula cualquier cláusula contraria a las disposiciones de este artículo.

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[1] Con la colaboración del Dr. Enrique Peláez, Fellow de la Cátedra PwC de Gobierno de las Organizaciones.